Aunque el desempleo en Chile había aumentado en los últimos años del gobierno de Michelle Bachelet, el aceleramiento de la economía había logrado detener su tendencia al alza, incluso post 18 de octubre. Sin embargo, en marzo la situación cambió completamente; las cuarentenas y las medidas de protección a la salud de la población dieron un fuerte golpe a la economía y -por consiguente- al empleo
Así, de una tasa de desempleo cercana al 7% en el primer trimestre, pasamos a una tasa de 11.2% en el trimestre que terminó en mayo.
Si se observan estos datos sin mayor información complementaria, se podría concluir que el desempleo aumentó en cerca de 244 mil chilenos. Sin embargo, la realidad es aún peor; pues, al analizar las cifras del INE detenidamente, es posible concluir que las personas que perdieron su trabajo aumentó en un millón y medio. Así, mientras en mayo de 2019 había 8,9 millones de chilenos que tenía trabajo, en mayo recién pasado, la cifra bajó a 7,4 millones
Adicionalmente, gracias a los planes de protección de empleo del gobierno, otras 700 mil personas no trabajaron (trabajo suspendido). En consecuencia, sólo 7,5 de cada 10 chilenos de la fuerza de trabajo lo hicieron en mayo de 2020; un 23% menos que en igual período del año anterior.
Este análisis, basado en datos del INE, es concordante con una serie independiente de datos de empleo que prepara el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales que muestra para Junio, datos similares aunque levemente peores.
El drama del desempleo afecta en forma transversal a todos los segmentos de la población, pero desgraciadamente -y como en todas las crisis- se ensaña con mayor fuerza entre los más vulnerables, con menos calificación y pertenecientes a grupos etáreos jóvenes.
Entre los escasos grupos privilegiados a quienes este tsunami no va a tocar, están los empleados públicos, para quienes sus rentas -trabajen o no- se mantendrán inalteradas y seguirán siendo reajustadas de acuerdo a los respectivos convenios colectivos; sobre el IPC, generalmente. De este grupo, hay que excluir a unos 1.500 funcionarios, entre los cuales están los parlamentarios y otras altas remuneraciones del sector público, para los que se determinó una disminución salarial.
En los próximos meses la masa laboral activa va a alcanzar mínimos no vistos desde hace muchos años (47,6% de la población en edad de trabajar, versus 58,2% hace un año atrás), lo que contribuirá a aumentar -más aún- la presión social y el descontento ciudadano que venía maniféstándose violentamente desde el 18-O.
Como es sabido, la pérdida de empleo es un fenómeno que puede variar en función de dos variables: el crecimiento de la economía y la consiguiente generación de empleo privado y los programas de empleo que pueda implementar el gobierno, los que suponen gasto fiscal y deuda pública.
Cuando se abran las restricciones de cuarentena, la economía va a volver a caminar, pero esta recuperación no va a ser rápida; es posible que cerca de la mitad de los empleos que se perdieron no sean recontratados de inmediato, sino de manera paulatina y en la medida en que la economía vaya retomando su ritmo de crecimiento. Probablemente, los sectores más rezagados van a ser los de servicios; turismo, transporte de pasajeros, hotelería, restaurantes, servicios profesionales y el sector inmobiliario, entre otros.
El Fondo US$12 mil millones anunciado por el gobierno para enfrentar la emergencia contemplará -entre otros aspectos- programas de apoyo al empleo, subsidios y planes de reconversión laboral. No obstante, y pese a ellos, alcanzar las cifras de empleabilidad previas a la crisis social y sanitaria nos tomará varios años.
¿Qué hacer entonces? Una posibilidad es preparar a las personas menos calificadas - y más afectadas- para prestar diversos servicios sociales; por ejemplo, cuidado de personas mayores, de niños, de personas en situación de discapacidad o en situación de calle. En otro ámbito, existe la posibilidad de calificar a personas a trabajar en temas de logística; recepción, almacenaje, selección de pedidos y despacho; todas, tareas que en un horizonte cercano, van a tener una reactivación desarrollo y requeriran de trabajadores entrenados previamente en dichos oficios.
Definir estos cursos, contratar su ejecución, reclutar a los alumnos (jefes de familia cesantes), pagándoles -además del costo- un ingreso por asistir, de tal modo de que éste se constituya en sustento familiar, podría ser una oportunidad en estos tiempos para calificar a un número importante de personas en tareas simples, pero cuyo mercado laboral es cada vez más creciente.
Para otros segmentos de la población desempleada, los cursos de alfabetización digital pueden ser también una inversión socialmente rentable. Los trabajadores que no pueden interactuar en forma relativamente fluida con un computador, disminuyen fuertemente su productividad y su empleabilidad.
La actual economía y -más aún la del futuro- requiere de calificación laboral cada vez más especializada. Lamentablemente, ésta es una de nuestras debilidades. Por ello es que los programas de capacitación en oficio y reconversión laboral se vuelven tan necesarios en este momento, pues -de lo contrario- los sectores vulnerables tendrán que buscar trabajo en un mundo donde la pura voluntad de trabajar ya no es suficiente.
